Ante la aprobación en Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales el pasado día 2 de agosto, desde el ámbito colegial se ha puesto de manifiesto el profundo malestar por el alcance de la nueva norma y por la falta de consulta previa por parte del Ministerio de Economía y Competitividad, pese a los continuados esfuerzos de los colegios por trasladar sus inquietudes y planteamientos con respecto a la reforma.
Según el Gobierno, la norma pretende modernizar el sector de los colegios, impulsando la competitividad y la calidad en los servicios profesionales, que representan casi el 9% del PIB, el 6% del empleo total y el 30% del empleo universitario. Para ello, según el anteproyecto «resulta imprescindible un nuevo marco normativo que aclare el confuso mapa regulatorio, lo actualice, revisando y derogando la normativa que ya no se corresponde con la realidad actual de la economía y las profesiones y simplifique la regulación de los servicios profesionales».
Por el contrario, la Unión Profesional (UP) y, con ella, el Colegio Oficial de Físicos, muestran su sorpresa ante la aprobación de un anteproyecto de tal complejidad e impacto social sin la interlocución con el sector. En palabras de Carlos Carnicer, presidente de UP: «Si, como afirmó el ministro de Economía, el subsector de los servicios profesionales es competitivo en la actualidad, no se entiende que haya que reformarlo… y menos aún que se haga a espaldas del sector». Por exigencias de la Directiva de Servicios europea, el sector de los servicios profesionales ya había sido modernizado en 2009 con la llamada Ley Ómnibus, incluso más allá de lo exigido por dicha directiva.
Según el punto de vista colegial, la liberalización de los servicios profesionales no puede considerarse únicamente desde un prisma económico, puesto que existen unos derechos de los ciudadanos que proteger. Para ello, los colegios profesionales realizan labores de control deontológico y regulación de las profesiones que no supone coste al estado, en base a requisitos de formación, experiencia y buena praxis profesional. Por ello, reiteran la necesidad de mantener la colegiación en todas aquellas profesiones cuyo ejercicio afecte a la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente. La nueva norma, en cambio, solo contempla colegiación obligatoria para determinadas profesiones jurídicas, sanitarias —sin tener en cuenta a los radiofísicos hospitalarios— y técnicas, en los casos en que se exije visado.
Desde el Colegio Oficial de Físicos se está trabajando junto con el resto de colegios de ciencias y la propia UP para preparar alegaciones al anteproyecto de ley, que se presentarán en el trámite de audiencia a lo largo del mes de septiembre.
